El pasado 17 de abril el Consejo de Ministros hizo pública la recepción de dos informes del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de Contratos en los sectores específicos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Mediante estos proyectos se incorporará a la legislación española el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública que tienen como objetivos primordiales mejorar la transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos.
En particular, se incorporan a la legislación española las siguiente Directivas Comunitarias publicadas el mes de marzo de 2014:
- Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26-02-2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26-02-2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26-02-2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
Algunas de sus principales novedades que incorporan los nuevos textos son las siguientes:
- Introducir un nuevo procedimiento de adjudicación denominado de «asociación para la innovación» para casos en que resulte necesario realizar actividades de I+D en obras, servicios y productos para su posterior adquisición por la Administración. Los candidatos seleccionados realizarían las actividades de I+D requeridas y se adjudicará finalmente el contrato al que ofrezca la mejor relación calidad-precio.
- Ampliar el ámbito subjetivo de la Ley que, en determinadas circunstancias y supuestos, se aplicará a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales cuando su financiación sea mayoritariamente pública.
- Apostar por la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en la Ley.
- Generalizar el uso de las llamadas «declaraciones responsables» con el objetivo de reducir cargas administrativas. En ellas, el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación, sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.
- Restringir notablemente el denominado «procedimiento negociado» (que no tiene publicidad), eliminando el motivo de la pequeña cuantía del contrato dentro de los supuestos que hoy día permiten su utilización. La finalidad es conseguir mayor transparencia. Sin embargo, para no perder las ventajas de agilidad que tiene este procedimiento, se crea uno nuevo: Procedimiento Abierto Simplificado, en el que la duración del proceso de contratación será muy breve (alrededor de un mes) pero que, sin embargo, será totalmente transparente, con publicación obligatoria en Internet.
- Fomentar e impulsar la competencia a través de diversos mecanismos tales como:
- La introducción de un incentivo para que los contratos se dividan en lotes. Hasta este momento, la normativa vigente exige que se motive y justifique la existencia de diversos lotes en un contrato. A partir de la nueva Ley, el principio será justamente el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no existan lotes. Esta división en lotes favorece especialmente el acceso de las PYMEs a los contratos públicos.
- La restricción en la utilización de los llamados «medios propios» (entidades creadas por una Administración o poder adjudicador para la realización de determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación). En la nueva Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utilización de estos medios propios está suficientemente justificada y no es un modo de eludir la publicidad y concurrencia características de la contratación pública.
- Incorporar una nueva regulación, más equilibrada, de la regulación de la responsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones. En la normativa actual, si hay un resolución de la concesión, sea cual sea su causa, la Administración debe abonar al concesionario las inversiones que ha realizado. Con la nueva normativa, si la resolución se produce por una causa imputable al contratista, como ocurre en los casos de insolvencia o concurso de acreedores, la indemnización se determina por el valor de mercado de la concesión. Este nuevo régimen incentivará que se produzca un cálculo riguroso de las inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión, ya que el concesionario, si la resolución le es imputable, ya no tendrá garantizada la recuperación de la inversión.
- Crear en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado un Comité de Cooperación, en el que participarán Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que será un órgano de encuentro, cooperación y unificación de criterio, así como de recopilación de información para elaborar el informe de supervisión que debe remitirse cada tres años a la Comisión Europea. La finalidad es mejorar la gobernanza en esta materia.
Ambos anteproyectos se encuentran en trámite de información pública en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los borradores, así como información para la presentación de alegaciones, puede obtenerse a través del siguiente enlace
El plazo máximo del que se dispone para enviar observaciones finaliza el 14 de mayo de 2015.
Fuentes de información: Consejo de Ministros y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Marta Torelló
Técnico de normativa
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
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